Carta abierta al nuevo presidente

Amnistía Internacional desea saludarle con motivo de la toma de posesión de su mandato presidencial. Esta es una importante ocasión para subrayar algunas de nuestras preocupaciones en relación a los derechos humanos que ya le habíamos manifestado cuando nos dirigimos a Ud. y los otros candidatos durante la campaña electoral pasada.1

Ing. Álvaro Colom Caballeros Ref: TG AMR 34/2008.002
Presidente de la República de Guatemala Índice AI: AMR 34/003/2008 (Público)
Casa Presidencial
6a. Avenida, 4-18, Zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala
http://elmercuriodigital.es/content/view/7313/40/

Londres, 13 de Febrero de 2008
Sr. Presidente:
Amnistía Internacional desea saludarle con motivo de la toma de posesión de su mandato presidencial. Esta es una importante ocasión para subrayar algunas de nuestras preocupaciones en relación a los derechos humanos que ya le habíamos manifestado cuando nos dirigimos a Ud. y los otros candidatos durante la campaña electoral pasada.1
Amnistía Internacional lleva más de 40 años documentando las violaciones de los derechos humanos en Guatemala y ha seguido muy de cerca situaciones dramáticas y extremadamente graves e inadmisibles como la política gubernamental calificada de genocidio por la Comisión de Esclarecimiento Histórico y llevada a cabo durante el conflicto armado interno, pero también otras que suscitaron aliento y esperanza como la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Lamentablemente, gobiernos sucesivos, a pesar de haber realizado avances en algunas áreas, han fallado en mejorar la administración de la justicia y en combatir la cultura de impunidad preponderante. De esa forma, han impedido la plena consolidación del estado de derecho y el pleno goce de los derechos humanos en el país, como habían prometido dichos Acuerdos de Paz.
El 16 de diciembre de 2007, por ejemplo, la cultura de impunidad en Guatemala se vio fortalecida con el fallo de la Corte de Constitucionalidad que en esencia impidió la extradición para fines de juzgamiento de los presuntos responsables de crímenes de genocidio durante el conflicto armado interno. El fallo de la Corte se negó a reconocer el principio de jurisdicción universal, a pesar de su incuestionable arraigo en el derecho internacional actual -- al mismo que no es ajeno el Estado de Guatemala según su propia Carta Constitucional - y no obstante el ya inocultable e injustificado estancamiento que sufren las causas judiciales tramitadas en tribunales guatemaltecos desde 2000. Al mismo tiempo, el fallo sugirió que dichos crímenes constituyeron delitos políticos, lo cual es contrario a la legislación nacional e internacional.
A pesar de esa decisión y en virtud de las normas de derecho internacional, el Estado de Guatemala continúa en la obligación de llevar ante la Justicia los presuntos responsables de graves crímenes contra los Derechos Humanos, y en especial los que por su naturaleza de crímenes contra la humanidad resultan imprescriptibles. Esperamos que su administración vele por el debido cumplimiento de las obligaciones de autoridades nacionales de investigar y presentar ante los tribunales casos debidamente sustentados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio ocurridos durante el conflicto interno armado.
Además, esperamos que su gobierno rectifique la política de continuar negando el acceso a archivos que podrían contener información clave para esclarecer estos crímenes. En efecto, el Ministerio de Defensa se ha negado a dar a conocer los documentos "Plan Sofía" y "Plan Victoria 82" respaldándose en el Acuerdo Ministerial 06-2005, el cual no cumple con las normas internacionales correspondientes y por lo tanto debería ser revocado. Por otra parte, su gobierno tiene la responsabilidad de iniciar nuevas acciones para localizar personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, en cumplimiento con las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico que concluyó que más de 200.000 personas habían sido objeto de homicidio y desaparición forzada. Un paso inicial podría ser su liderazgo en obtener un voto favorable en el Congreso de la República para la iniciativa de ley número 3590 que propone la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición.
Es imperativo implementar los Acuerdos de Paz. En su conjunto los Acuerdos de Paz constituyen un plan para fortalecer el estado de derecho y avanzar los derechos humanos. Amnistía Internacional insta a su administración a retomar el detalle y espíritu de los Acuerdos, que, de ser implementados, resultarían en mejoras concretas para la sociedad guatemalteca. Asimismo, el Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos, presentado por el gobierno anterior en diciembre 2007, constituye una meta a alcanzar. Un paso inicial podría ser la elaboración y presentación de un plan operativo que busca la concretización de las metas propuestas en el Plan de Acción nacional.
Durante los últimos años, la situación de la seguridad pública se ha deteriorado y, según la Policía Nacional Civil (PNC), el número de asesinatos es cada vez mayor. Es el legítimo y debido rol del Estado combatir el crimen y velar por la seguridad de todos los ciudadanos. No obstante, la experiencia de Amnistía Internacional en todo el mundo y sus décadas de trabajo en Guatemala demuestran que es necesario respetar los derechos humanos para lograr una seguridad pública sostenible y efectiva. En este contexto, agentes de las fuerzas de seguridad han sido acusados de llevar a cabo actos de tortura y otros tratos malos o degradantes y ejecuciones extrajudiciales, especialmente de personas jóvenes y menores de edad, a quienes consideran delincuentes o miembros de bandas juveniles. Estas acusaciones exigen la atención inmediata de su gobierno para asegurar que se investigue efectiva e imparcialmente y se lleve a los responsables ante la justicia.
Un aspecto de la crisis de seguridad pública sobre el cual Amnistía Internacional se ha referido en repetidas ocasiones es la alta proporción de mujeres asesinadas y la forma especialmente cruel en que ocurren los asesinatos. Muchas de ellas siguen mostrando señales de violencia sexual, torturas y actos de una brutalidad extrema. Según el Ministerio de Gobernación, 581 mujeres fueron asesinadas en 2006 y 599 en 2007. Amnistía Internacional urge a su administración el priorizar la atención a esta crisis para asegurar que investigaciones y procesos penales se lleven a cabo libre de sesgos discriminatorios y de manera eficaz, asegurando la cooperación efectiva con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y mejorando la coordinación entre las diferentes agencias estatales involucradas en la problemática.
Amnistía Internacional ve en el apropiado desarrollo de los objetivos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) una posible contribución real en la lucha contra la impunidad de los grupos clandestinos armados. Es muy importante que el Gobierno que Ud. lidera apoye de manera efectiva a la Comisión, con recursos, apoyo político de ser necesario para aprobar legislación complementaria y respetando y respaldando la independencia de la Comisión en cuanto a los procesos penales así como las demás atribuciones de su competencia.
Año tras año, Amnistía Internacional se ha movilizado para exigir la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos ante amenazas, ataques e incluso asesinatos, y para demandar justicia. De acuerdo a informes recibidos, al menos 195 ataques contra defensores y defensoras ocurrieron durante el 2007. Esperamos que su administración se esfuerce en garantizar las libertades y derechos de las personas y entidades que defienden y promueven los derechos humanos para llevar a cabo sus actividades sin restricciones, ni temor a represalias.
La Corte Penal Internacional es una institución de carácter permanente cuya competencia en relación a crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, es complementaria a la de los Estados y estaría temporalmente limitada, en el caso de Guatemala, a los respectivos delitos que se cometiesen con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado. Amnistía Internacional le solicita por lo tanto que los pasos pendientes para la adhesión Guatemala al Estatuto de Roma sean prontamente adoptados.
Amnistía Internacional manifiesta su profunda decepción por la aprobación por el Congreso del decreto 06-2008. Éste, al establecer formalmente la posibilidad del indulto presidencial, deja vía libre en la práctica para el reinicio de las ejecuciones de reos condenados a muerte. Amnistía Internacional había observado esperanzada la posición que Guatemala expresara en diciembre 2007 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante los debates relativos a la moratoria global en contra de la pena de muerte, y donde Guatemala votó afirmativamente. Sin embargo, ese avance positivo en la materia ha sido retrotraído por el Congreso de Guatemala, al aprobar el Decreto en cuestión. Igualmente son preocupantes las declaraciones de las que dan cuenta los medios de comunicación, indicando que Ud. habría manifestado que no perdonará a aquellos condenados que soliciten el perdón. Amnistía Internacional respetuosamente le recuerda que, conforme el artículo 4 del decreto mencionado, deberá considerar cada caso por sus meritos particulares. Por otra parte, la organización le recuerda el compromiso solemne que Guatemala subscribió delante de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 2007, y por ello le instamos conmutar todas las sentencias capitales por penas privativas de libertad.
Las violaciones de los derechos humanos dentro del contexto de disputas sobre tierra han continuado en los últimos años. Amnistía Internacional reconoce las complejidades en cuanto a la política agraria en el país. Sin embargo, la organización pide una moratoria inmediata para desalojos forzosos en áreas rurales. Los desalojos forzosos la mayoría de veces han comportado la violación de diversos derechos humanos, que, aunque no exclusivamente, afecta a comunidades indígenas. Es importante que su administración asegure el acceso a la justicia de todos los guatemaltecos y las guatemaltecas en un mismo pie de igualdad e independientemente de su etnia o situación económica, contribuyendo así al combate en contra de la discriminación en la sociedad guatemalteca.
Amnistía Internacional espera que al cabo de cuatro años su gestión produzca resultados concretos orientados a consolidar la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho. Quedamos a su entera disposición para abundar en los temas aquí mencionados y abrigamos el deseo de que podamos entablar un dialogo franco y fructífero con su gobierno.
Desde ya agradeceríamos su respuesta o comentarios en relación a las cuestiones referidas anteriormente. Asimismo, deseamos informarle que, conformemente con nuestra política de transparencia, haremos pública la presente carta.
Atentamente,
Irene Khan
Secretaria General
1 Carta abierta de Amnistía Internacional a los candidatos presidenciales guatemaltecos en las elecciones de septiembre de 2007, 29 agosto 2007 (Índice AI AMR/34/021/2007).